viernes, 20 de marzo de 2015

Iglesia Católica denunció la explotación minera irracional y vulneración de DDHH




Washington, EEUU, 20 de marzo 2015 (Signis ALC).-

 La Iglesia católica Latinoamericana denunció la "expansión acelerada" de las actividades extractivas, de forma irracional, que afectan "negativamente" al medio ambiente y a las poblaciones.  Así manifestó Monseñor Alvaro Ramazzini, Obispo de Huehuetenango y Presidente de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal de Guatemala, al exponer las preocupaciones de la Iglesia, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en el marco del 154 período de sesiones y las audiencias públicas de la CIDH.
En su intervención, el obispo guatemalteco responsabilizó de esta actividad irracional a los estados, las empresas nacionales, transnacionalesque desarrollan sus actividades al margen de los estándares sociales y ambientales y que afectan gravemente las fuentes de agua. "Podemos vivir sin el oro, o la plata o el petroleo, pero la vida de los seres humanos y el equilibrio del medio ambiente son más importante que la explotación de los metales", dijo.
Denunció también que "hasta hoy, ni gobiernos nacionales, ni comunidad internacional han hecho lo suficiente para detener la deforestación, la contaminación de los ríos, la depredación de las especies y la grave vulneración de los derechos y estilos de vida de los pueblos indígenas" que  viven en la amazonía.
De igual manera, expresó la enorme preocupación de la Iglesia por "la criminalización de las y los defensores de los pueblos indígenas y del medio ambiente. Esto va desde ataques personales y calumnias, hasta hostigamientos, procesos judiciales, amenazas de muerte, atentados y asesinatos", dijo.

Aquí la exposición íntegra de Monseñor Alvaro Ramazzini, ante los comisionados de la CIDH. (Audio de la exposición de la Iglesia ante la CIDH)
"Desde la Iglesia constatamos que es cierto que desde las industrias extractivas generan importantes recursos económicos para nuestros países, pero también es cierto que hay ahora una expansión acelerada de estas industrias, sea formales, como informales, y una explotación irracional que está impactando negativamente el medio ambiente de las poblaciones aledañas, afectando sobre todo el derecho al uso del agua, con consecuencias negativas para la salud de las personas. En esa situación hay una corresponsabilidad de los estados, tanto de los estados en donde se actúa con la explotación de estas indutrias extractivas, como de los estados que con sus empresas actúan fuera de sus territorios, como es el caso de EEUU, Canadá y otros.
Vemos también con preocupación que las instituciones financieras y las empresas transnacionales involucradas en este tipo de industrias se hacen fuertes, al punto de subordinar las economías locales y debilitar a los propios estados. El Consejo Episcopal Latinoamericano ha denunciado que en ciertos casos se ha dado un comportamiento irresponsable de las empresas transnacionales porque en el desarrollo de sus actividades extractivas no se rigen por los estándares sociales y ambientales reconocidos internacionalmente, mientras que muchos estados nacionales permanecen indiferentes o pasivos frente a estas prácticas indebidas.
En algunos estados que han ratificado el convenio 169 de la OIT, dicho convenio no se cumple, y origina así conflictos en las comunidades indígenas. Muchas veces las industrias extractivas internacionales no respetan los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades locales. La preservación de la naturaleza se subordina al desarrollo económico; la calidad de vida, tanto de las personas, como de los animales y plantas, se sacrifica por la contaminación producida por las explotaciones mineras y de hidrocarburos.
Generalmente las industrias extractivas que no manejan correctamente el recurso hídrico, afectan el derecho humano al agua, como un bien público y necesario. Podemos vivir sin el oro, o la plata o el petroleo, pero la vida de los seres humanos y el equilibrio del medio ambiente son más importante que la explotación de los metales.
Estamos convencidos que es necesario lograr un equilibrio entre la protección y cuidado del medio ambiente y el desarrollo económico. Hemos descuidado este bien precioso que es el medio ambiente y así hemos olvidado la gravísima responsabilidad de cuidar el planeta para que las futuras generaciones lo encuentren en mejores condiciones. Esa es un asunto de justicia transgeneracional. No se debe aceptar que la riquezaa material actual sea la causa de la pobreza de las futuras generaciones.
Para afrontar debidamente seta responsabilidad es necesario tomar en cuenta los componentes de un autentico desarrollo humano integral, no solamente económico: componentes como la sostenibilidad, la inclusión social de los más empobrecidos, la regulación y la máxima reducción de los efectos negativos sobre el medio ambiente. La Doctrina Social de la Iglesia enfatiza que una correcta concepción de medio ambiente no puede reducir utilitariamente la naturaleza a un mero objeto de manipulación y expltación , por el contrario la intervención del ser humano en la naturaleza debe regirse por principios éticos, tales como el respeto a las otras personas y a sus derechos, y el respeto hacia las demás criaturas vivientes. No somos los dueños de la creación, somos sus guardianes y administradores y desde hace tiempo la Iglesia católica viene advirtiendo sobre los impactos que a nivel global pueden causar la contaminación y la explotación desmedida de los bienes naturales. El santo papa Juan Pablo II , el papa Benedicto XVI han exhortado para que tomemos en cuenta que estamos delante de una crisis ecológica, en el sentido no solo de la palabra, sino económica y humana. Una adecuada administración de la casa común, que es el mundo entero.
Por eso, ningún gobierno puede actuar al margen de una responsabilidad común. Buscar una sana compatibilidad entre la sostenibilidad y la prosperidad de las comunidades, tanto en las zonas rurales como urbanas, por medio de medidas legislativas y normativas, es un reto al cual los estados debes, poniéndose de acuerdo, buscar consensos, para reducir la pobreza y las amenazas a la vida y medios de subsistencia de los más pobres y desfavorecidos.
¿Quienes son los más pobres? Los más pobres entre los pobres son los pueblos indígenas, quienes se ven afectados por la degradación y contaminación del ambiente. Una situación particular que nos preocupa es el de la amazonía. Hasta hoy, ni gobiernos nacionales, ni comunidad internacional han hecho lo suficiente para detener la deforestación, la contaminación de los ríos, la depredación de las especies y la grave vulneración de los derechos y estilos de vida de los pueblos indígenas que ahí viven ancestralemente. Queremos ratificar nuestro compromiso con la amzanía, plasmado ahora en la creación de la Red Eclesial Pan Amazónica. Este compromiso nace de las opciones que hemos hecho los obispos en América Latina, de acuerdo al evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a los compromisos tomados en las cinco conferencias generales del episcopado latinoamericano y de l Caribe y como resultado de oír el clamor de los pueblos excluidos y marginados. No vamos a quedar indiferentes ante este grito, por eso también quiero recalcar lo que ha dicho el arzobispo Barreto al señalar que nos preocupa en este momento grandemente la criminalización de las y los defensores de los pueblos indígenas y del medio ambiente. Esto va desde ataques personales y calumnias, hasta hostigamientos, procesos judiciales, amenazas de muerte, atentados y asesinatos.
En este momento hay una criminalización de la protesta social, aún cuando sea justa y legitima. Finalmente, honorables comisionados, en el marco de la separación de la iglesia católica y estado, consideramos que debemos juntos buscar, estados nacionales, empresas nacionales, la sociedad civil y la comunidad internacional otros modelos alternativos y sostenibles del desarrollo económico y a la explotación de los recursos naturales".
 
 Redacción, Signis ALC

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