Washington,
EEUU, 20 de marzo 2015 (Signis ALC).-
La Iglesia católica
Latinoamericana denunció la "expansión acelerada" de las actividades
extractivas, de forma irracional, que afectan "negativamente" al
medio ambiente y a las poblaciones. Así manifestó Monseñor Alvaro Ramazzini,
Obispo de Huehuetenango y Presidente de la Pastoral Social de la Conferencia
Episcopal de Guatemala, al exponer las preocupaciones de la Iglesia, ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en el marco del 154 período
de sesiones y las audiencias públicas de la CIDH.
En su intervención, el obispo guatemalteco responsabilizó de esta actividad
irracional a los estados, las empresas nacionales, transnacionalesque
desarrollan sus actividades al margen de los estándares sociales y ambientales
y que afectan gravemente las fuentes de agua. "Podemos vivir sin el oro, o
la plata o el petroleo, pero la vida de los seres humanos y el equilibrio del
medio ambiente son más importante que la explotación de los metales",
dijo.
Denunció también que "hasta hoy, ni gobiernos nacionales, ni comunidad
internacional han hecho lo suficiente para detener la deforestación, la
contaminación de los ríos, la depredación de las especies y la grave
vulneración de los derechos y estilos de vida de los pueblos indígenas"
que viven en la amazonía.
De igual manera, expresó la enorme preocupación de la Iglesia por "la
criminalización de las y los defensores de los pueblos indígenas y del medio
ambiente. Esto va desde ataques personales y calumnias, hasta hostigamientos,
procesos judiciales, amenazas de muerte, atentados y asesinatos", dijo.
"Desde la Iglesia constatamos que es cierto que desde las industrias
extractivas generan importantes recursos económicos para nuestros países, pero
también es cierto que hay ahora una expansión acelerada de estas industrias,
sea formales, como informales, y una explotación irracional que está impactando
negativamente el medio ambiente de las poblaciones aledañas, afectando sobre
todo el derecho al uso del agua, con consecuencias negativas para la salud de
las personas. En esa situación hay una corresponsabilidad de los estados, tanto
de los estados en donde se actúa con la explotación de estas indutrias
extractivas, como de los estados que con sus empresas actúan fuera de sus
territorios, como es el caso de EEUU, Canadá y otros.
Vemos también con preocupación que las instituciones financieras y las
empresas transnacionales involucradas en este tipo de industrias se hacen
fuertes, al punto de subordinar las economías locales y debilitar a los propios
estados. El Consejo Episcopal Latinoamericano ha denunciado que en ciertos
casos se ha dado un comportamiento irresponsable de las empresas
transnacionales porque en el desarrollo de sus actividades extractivas no se rigen
por los estándares sociales y ambientales reconocidos internacionalmente,
mientras que muchos estados nacionales permanecen indiferentes o pasivos frente
a estas prácticas indebidas.
En algunos estados que han ratificado el convenio 169 de la OIT, dicho
convenio no se cumple, y origina así conflictos en las comunidades indígenas.
Muchas veces las industrias extractivas internacionales no respetan los
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades
locales. La preservación de la naturaleza se subordina al desarrollo económico;
la calidad de vida, tanto de las personas, como de los animales y plantas, se
sacrifica por la contaminación producida por las explotaciones mineras y de
hidrocarburos.
Generalmente las industrias extractivas que no manejan correctamente el
recurso hídrico, afectan el derecho humano al agua, como un bien público y
necesario. Podemos vivir sin el oro, o la plata o el petroleo, pero la vida de
los seres humanos y el equilibrio del medio ambiente son más importante que la
explotación de los metales.
Estamos convencidos que es necesario lograr un equilibrio entre la
protección y cuidado del medio ambiente y el desarrollo económico. Hemos
descuidado este bien precioso que es el medio ambiente y así hemos olvidado la
gravísima responsabilidad de cuidar el planeta para que las futuras
generaciones lo encuentren en mejores condiciones. Esa es un asunto de justicia
transgeneracional. No se debe aceptar que la riquezaa material actual sea la
causa de la pobreza de las futuras generaciones.
Para afrontar debidamente seta responsabilidad es necesario tomar en cuenta
los componentes de un autentico desarrollo humano integral, no solamente
económico: componentes como la sostenibilidad, la inclusión social de los más
empobrecidos, la regulación y la máxima reducción de los efectos negativos
sobre el medio ambiente. La Doctrina Social de la Iglesia enfatiza que una
correcta concepción de medio ambiente no puede reducir utilitariamente la
naturaleza a un mero objeto de manipulación y expltación , por el contrario la
intervención del ser humano en la naturaleza debe regirse por principios
éticos, tales como el respeto a las otras personas y a sus derechos, y el
respeto hacia las demás criaturas vivientes. No somos los dueños de la
creación, somos sus guardianes y administradores y desde hace tiempo la Iglesia
católica viene advirtiendo sobre los impactos que a nivel global pueden causar
la contaminación y la explotación desmedida de los bienes naturales. El santo
papa Juan Pablo II , el papa Benedicto XVI han exhortado para que tomemos en
cuenta que estamos delante de una crisis ecológica, en el sentido no solo de la
palabra, sino económica y humana. Una adecuada administración de la casa común,
que es el mundo entero.
Por eso, ningún gobierno puede actuar al margen de una responsabilidad
común. Buscar una sana compatibilidad entre la sostenibilidad y la prosperidad
de las comunidades, tanto en las zonas rurales como urbanas, por medio de
medidas legislativas y normativas, es un reto al cual los estados debes,
poniéndose de acuerdo, buscar consensos, para reducir la pobreza y las amenazas
a la vida y medios de subsistencia de los más pobres y desfavorecidos.
¿Quienes son los más pobres? Los más pobres entre los pobres son los
pueblos indígenas, quienes se ven afectados por la degradación y contaminación
del ambiente. Una situación particular que nos preocupa es el de la amazonía.
Hasta hoy, ni gobiernos nacionales, ni comunidad internacional han hecho lo
suficiente para detener la deforestación, la contaminación de los ríos, la
depredación de las especies y la grave vulneración de los derechos y estilos de
vida de los pueblos indígenas que ahí viven ancestralemente. Queremos ratificar
nuestro compromiso con la amzanía, plasmado ahora en la creación de la Red
Eclesial Pan Amazónica. Este compromiso nace de las opciones que hemos hecho
los obispos en América Latina, de acuerdo al evangelio de Nuestro Señor
Jesucristo, de acuerdo a los compromisos tomados en las cinco conferencias
generales del episcopado latinoamericano y de l Caribe y como resultado de oír
el clamor de los pueblos excluidos y marginados. No vamos a quedar indiferentes
ante este grito, por eso también quiero recalcar lo que ha dicho el arzobispo
Barreto al señalar que nos preocupa en este momento grandemente la
criminalización de las y los defensores de los pueblos indígenas y del medio
ambiente. Esto va desde ataques personales y calumnias, hasta hostigamientos,
procesos judiciales, amenazas de muerte, atentados y asesinatos.
En este momento hay una criminalización de la protesta social, aún cuando
sea justa y legitima. Finalmente, honorables comisionados, en el marco de la
separación de la iglesia católica y estado, consideramos que debemos juntos
buscar, estados nacionales, empresas nacionales, la sociedad civil y la
comunidad internacional otros modelos alternativos y sostenibles del desarrollo
económico y a la explotación de los recursos naturales".
Redacción, Signis ALC
